Los estados de Puebla, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz presentan los índices más altos de infantes indígenas en condiciones de pobreza alimentaria.
Según el estudio “Los Derechos de la Infancia y Adolescencia en México, una Agenda para el Presente”, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en cada una de estas entidades federativas se estima que viven entre 100 mil y 350 mil niños y niñas de habla indígena en esta situación.
Esta cifra resulta alarmante si se compara con los índices de otros estados como Tabasco, Campeche, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala. Colima, Nayarit. Sonora y Coahuila, donde el número de niños y niñas indígenas con pobreza alimentaria no superaría los 10 mil.
A nivel nacional, el índice de pobreza alimentaria en niños de 3 a 17 años es de 25.3 por ciento, pero en las comunidades indígenas esta cifra llega al 70 por ciento. Así lo indica este informe que se elaboró con datos obtenidos en el 2008 y fue difundido a fines del año pasado.
En México, más de diez millones de habitantes –9.8 por ciento de la población total –son considerados indígenas, y se concentran en municipios con alto grado de marginación.
La población indígena es más pobre que el resto de los mexicanos, y esa pobreza se evidencia en menores niveles salariales, educación de menor calidad y, en general, en un acceso restringido a los servicios públicos.
Por ejemplo, en el 2005, en promedio 87.7 por ciento de las viviendas del país contaba con agua entubada, mientras que en las viviendas indígenas solo el 70.5 por ciento disponía de este servicio.
Del mismo modo, el promedio nacional de viviendas con drenaje es de 86.3 por ciento, mientras que en las viviendas indígenas la cifra es de apenas 55.6 por ciento.
México es un país considerado como poseedor de un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH). No obstante, existe una considerable desigualdad en los niveles de desarrollo entre los estados.
Mientras el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua y Baja California tienen un nivel de desarrollo similar al de Argentina o República Checa, el IDH de Chiapas se asemeja al de Nicaragua o de la República Árabe de Siria.
Mortalidad infantil
Además de presentar uno de los más altos índices de infancia indígena en condiciones de pobreza alimentaria, el estado de Puebla registra cifras elevadas de mortalidad en menores de un año y de 5 años.
La tasa de mortalidad infantil en menores de un año que registra la región comprendida por Puebla, Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero y Veracruz, es de 18.7 por cada mil nacidos vivos; mientras que la tasa de fallecimientos en menores de 5 años es de 26.1 por cada mil.
En cambio, la región del noroeste, comprendida por Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California Norte, posee la tasa de mortalidad en menores de un año más baja del país, el índice de fallecimientos en estos lugares es de 13.5 por cada mil nacidos vivos.
Asimismo, la región noreste, formada por Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango y Coahuila, registra la tasa más baja en mortalidad en niños menores de 5 años con un índice de 18.7 por cada mil.
Según cifras oficiales, la mortalidad infantil general bajó de 15.7 en 2007 a 15.2 en 2008 por cada mil nacidos vivos. A pesar de la tendencia decreciente, la mortalidad infantil aún representa una grave preocupación en las áreas más marginadas de México.
Atención sanitaria
El informe señala que en 2002, cerca de 25 por ciento de los niños del país (9.9 millones) no recibió vacunación o no visitó al doctor por una enfermedad reciente relacionada con una infección respiratoria, diarrea o ambas.
Y cerca de 40 por ciento (15.7 millones) no fue vacunado después de los dos años de edad. Se sabe además que sólo la mitad de los niños reciben tratamiento de antibióticos para prevenir la neumonía, porcentaje que disminuye conforme aumenta el tamaño del hogar.
Respecto a la problemática en salud, el estudio señala que no existe una evaluación integral de la calidad de los servicios que se proporcionan, debido en gran parte a la alta segmentación de la oferta y la ausencia de una estrategia nacional específica que permita mejorar la coherencia y equidad de los programas.
Para ver el informe final:
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