| Traducido para Rebelión por Caty R. |
Del 8 al 17 de diciembre de 2010 varios ex altos responsables del régimen militar dirigido por el general chileno Augusto Pinochet –trece chilenos y un argentino- serán juzgados por la detención y desaparición forzosa de cuatro franco-chilenos: Georges Klein, Etienne Pesle, Alfonso Chanfreau y Jean-Yves Claudet. Un proceso inédito.
«A pesar de la muerte de Augusto Pinochet, este juicio póstumo no dejará de ser el del dictador chileno, así como del conjunto del sistema de represión establecido [por las dictaduras de Sudamérica] (1). Con estos términos los magistrados William Bourdon, Claude Katz, Benjamin Safati y Sophie Thonon han planteado el proceso ante el Tribunal de lo Criminal de París, la más alta jurisdicción criminal francesa.
«Llevamos esperando desde hace mucho, mucho tiempo, casi toda nuestra vida», declaraba el lunes 6 de diciembre Natalia Chanfreau, quien era un bebé cuando su padre desapareció (2). Previsto inicialmente en mayo de 2008, el proceso fue aplazado por primera vez por el juzgado general. Entonces se interrogó a algunos militantes de los derechos humanos: ¿Aquel aplazamiento sine die fue el resultado de presiones políticas, como cuando Pinochet todavía estaba vivo? La razón invocada entonces por la justicia fue el deseo de organizar un juicio «irreprochable», teniendo en cuenta «las dificultades encontradas en la expedición de las citaciones de las numerosas personas que residían en el extranjero» (3). Hacer que vengan de varios lugares del mundo los testigos vinculados con las cuatro víctimas –así como los «grandes testigos» internacionales (que permitirían poner el juicio en contexto)- requería una logística complicada (4). Pero la ausencia de jueces dedicados en exclusiva a este asunto y la falta de voluntad política también influyeron.
Así pues el juicio se abre después de doce años de procedimiento. Si se lleva a cabo, probablemente forjará un precedente histórico, hecho posible gracias a la movilización sin descanso de las familias de víctimas y de organizaciones sociales chilenas e internacionales. Los decenios de lucha contra la impunidad, el olvido y para obtener verdad y justicia… desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El 16 de octubre de 1998 el general Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por orden de las autoridades judiciales españolas y del juez español Baltasar Garzón. Casi inmediatamente las familias de detenidos-desaparecidos franceses presentaron una denuncia contra los responsables del régimen. Desde julio de 1999, la Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (LDH), se constituyeron en parte civil. Así como la Corporación Chilena para la Defensa y la Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU-Chile), la Asociación de ex presos políticos chilenos-Francia y la asociación France Amérique Latine (FAL) hicieron lo mismo.
El arresto del dictador abrió un resquicio, a pesar de una inmensa frustración. «El mundo, y Europa en particular, veía en la posibilidad de un juicio contra el viejo dictador –en España y Francia especialmente- el advenimiento de una justicia internacional en materia de violaciones de los derechos humanos. Pero el juicio no tuvo lugar y Pinochet, después de haber visto multiplicarse durante los años 2000 las persecuciones contra antiguos responsables de la represión militar y haber sido él mismo encausado por ciertas investigaciones, murió libre y sin haber sido juzgado el 10 de diciembre de 2006» (5). Poco después la jueza Sophie Clément cerró la instrucción, abriendo «la audiencia» (es decir, «la inscripción») del dossier ante la Corte de lo Criminal de París.
Si este proceso se puede realizar en París es porque la ley penal francesa, a título de la competencia jurisdiccional extraterritorial, es aplicable a los crímenes cometidos por extranjeros contra personas de nacionalidad francesa fuera del territorio nacional (según el artículo 113-7 del código penal y de la «competencia personal pasiva» de las víctimas).
Por otra parte no es la primera vez que la justicia francesa deberá pronunciarse con base en esa competencia en un juicio sobre el terrorismo de Estado en Sudamérica. El verdugo argentino Alfredo Astiz, conocido como «el ángel de la muerte», fue condenado a cadena perpetua en rebeldía en marzo de 1990 por la desaparición forzada de dos religiosas francesas durante la última dictadura (1976-1983).
3.197 víctimas de desapariciones o ejecuciones y 28.461víctimas de torturas: éstas son las cifras oficiales de la represión chilena. Cifras muy por debajo de la realidad. Varios historiadores y asociaciones de defensa de los derechos humanos hablan de 200.000 a 300.000 personas arrestadas y torturadas. Sin embargo este reconocimiento oficial da una medida de la violencia del régimen militar.
Con este proceso es la arquitectura de la máquina infernal del terrorismo de Estado lo que se juzgará: su funcionamiento, sus cadenas de mandos y sus lógicas institucionales. Los distintos itinerarios de las víctimas ponen de manifiesto diferentes aspectos del sistema represivo. También evidencian la resistencia de los militantes de izquierda (6).
Georges Klein, de 27 años, era el médico y asesor del presidente socialista Salvador Allende durante la Unidad Popular (1970-1973). Estaba junto al «compañero presidente» el día del bombardeo de La Moneda, desde ese día está desaparecido. Etienne Pesle, 46 años, ex sacerdote, era militante del Movimiento de los Cristianos por el Socialismo. Ferviente defensor de la reforma agraria, trabajaba como funcionario del Instituto de Desarrollo de la Agricultura. También desapareció en las dos primeras horas de la dictadura cuando se encontraba en Temuco, al sur del país. Alfonso Chanfreau, de 23 años, militaba en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue arrestado el 30 de julio de 1974 por la Dirección General de Inteligencia (DINA), la policía política bajo el mando de Manuel Contreras. Encarcelado y torturado durante más de un mes, después le transfirieron a la «Colonia Dignidad», una comunidad sectaria fundada por un antiguo nazi, Paul Schaeffer, hoy fallecido (7). Finalmente Jean-Yves Claudet, 34 años, ingeniero, estaba encargado de las relaciones internacionales del MIR. Detenido en dos ocasiones tras el golpe de Estado y después expulsado a Francia volvió a Argentina al año siguiente para organizar la resistencia. Fue secuestrado por la DINA el 1 de noviembre de 1975, en una operación efectuada en el marco del «Plan Cóndor», plan de coordinación y cooperación internacional de las dictaduras del Cono Sur en su «lucha contra la subversión», según el lenguaje consagrado por los militares golpistas.
Este proceso, por otra parte, no podrá pasar por alto la implicación de Estados Unidos en el apoyo a las dictaduras de Sudamérica, empezando por la de Henry Kissinger, ex asesor de la Seguridad Nacional estadounidense, Premio Nobel de la Paz en 1973, que fue citado a comparecer en calidad de testigo durante la instrucción, sin éxito.
«No esperamos un milagro», concede Jacqueline Claudet, la hermana de Jean-Yves Claudet. Pero «éste es un primer paso hacia la justicia» (8). El juicio es esencialmente simbólico. Pero muchas veces los símbolos son poderosos.
Los acusados, con edades de entre 59 y 89 años, no se presentarán. Ni siquiera han solicitado representantes legales, negando cualquier legitimidad al procedimiento. Cinco murieron durante la instrucción (entre ellos Augusto Pinochet, Osvaldo Romo, verdugo célebre por sus confesiones, y el antiguo nazi Paul Schaefer). De los catorce restantes, en la actualidad la mayoría cumple penas de prisión, empezando por el ex general del ejército Manuel Contreras. Otros, convertidos en hombres de negocios, circulan libremente, como por ejemplo el capitán reservista de la fuerza aérea Emilio Sandoval Poo. «Chile será su prisión», afirma Sophie Thonon, «en el momento en que intenten cruzar una frontera serán detenidos» (9).
¿Pero por qué se realiza este juicio en Francia y no en Chile? Durante los años sombríos de la dictadura las familias pidieron a la justicia chilena que investigara esas desapariciones, pero como señala el acta de acusación, aquélla «falló en su misión y mostró una dependencia total con respecto al régimen establecido». Todavía hoy, según la FIDH, «se comprueba que esta justicia choca contra las reminiscencias de la estructura de impunidad creada por Pinochet y los suyos al preparar la transición». Cuando la condena tiene «una levedad de las penas, al aplicar desde hace varios años la regla de la ‘prescripción a la mitad’, es absolutamente desproporcionada con respecto a la gravedad de los crímenes. Teniendo en cuenta en particular la antigüedad de los hechos y el comportamiento actual de los actores de los crímenes perseguidos, esta regla supone en realidad que en muchos casos los condenados salen libres desde que se dicta la sentencia» (10). De momento 171 personas han recibido condenas de encierro por crímenes contra la humanidad, pero sólo 53 de ellas están en la cárcel o en residencia vigilada. Hay varios centenares de juicios en curso de instrucción.
Por otra parte, las diferentes comisiones nacionales de «verdad y reconciliación», de «diálogo» o de «reparación» creadas tras la transición democrática de 1990 no se han enfocado a hacer justicia. Sus atribuciones restringidas, los testimonios anónimos de los militares, el mantenimiento del decreto-ley de amnistía de 1978, los numerosos «enclaves autoritarios» surgidos de la dictadura (entre ellos la constitución de 1980, ¡que todavía rige las instituciones del país!) o el mantenimiento del modelo económico neoliberal, explican esta situación. Veinte años durante los que los gobiernos de la Concertación (coalición de demócratas cristianos y el centro izquierda) nunca han tenido la voluntad de cuestionar la impunidad que gangrena el país e hipoteca el futuro. En nombre de la unidad nacional, las élites se niegan a afrontar ese «pasado demasiado rápidamente pasado» (11). Y se puede estar casi seguro que el presidente actual (Sebastián Piñera), que se enriqueció durante la dictadura y es aliado de la Unión Democrática Independiente (UDI), la formación política surgida del «pinochetismo», seguirá el mismo camino. De ahí la importancia histórica de la iniciativa que está en curso en París.
fuente- rebelion.org
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