Pedro Matías
La derrota electoral del PRI en Oaxaca no desactivó el terror que Ulises Ruiz institucionalizó como su principal instrumento de control. De hecho, legisladores, dirigentes sociales y obispos temen que el mandatario saliente quiera desestabilizar al estado para mantener impunes sus actos de represión y de presunta corrupción. Y en efecto, en el último tramo de su mandato se desató una espiral de violencia política que segó la vida de opositores como Catarino Torres y Heriberto Pazos.
OAXACA, OAX., 14 de noviembre (Proceso).- Las cifras que no aparecen en el sexto y último informe del gobernador Ulises Ruiz, el lunes 15, son los 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas: los llamados “archivos incómodos” de la administración saliente.
Entre los legajos se perderán las más de 600 detenciones, los 380 casos de tortura, las siete desapariciones forzadas, los innumerables secuestros, los asesinatos de cuatro periodistas y otros agravios que siguen impunes, pese a que están documentados de sobra por organismos civiles de derechos humanos.
También permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron.
El mismo destino tuvieron las 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.
Durante su campaña electoral, en 2004, Ulises Ruiz Ortiz se promovió como “el Benito Juárez del siglo XXI”, pero a decir del sociólogo Porfirio Santibáñez, como gobernador se convirtió en un “Porfirio Díaz, el dictador de esta época”.
Un “accidente automovilístico” del precandidato Aquiles López Sosa encaminó a Ulises Ruiz a la candidatura del PRI para la gubernatura. Ya en campaña, en julio de 2004, los priistas, azuzados por el actual diputado federal Elpidio Concha Arellano, mataron a garrotazos al profesor Serafín García Contreras, quien les estorbaba un acto proselitista en Huautla de Jiménez.
“Sólo Dios quita y pone a las gobernantes”, proclamó Ruiz cuando los maestros y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) exigían su renuncia en 2006. Sin embargo, esa seguridad no provenía de su mística, sino del poder de su partido, el PRI, en el Congreso de la Unión: nunca se le fincó juicio político, pese a que con sus actos de gobierno y la represión sistemática como respuesta a toda protesta enconó al estado.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1776 de la revista Proceso, ya en circulación.
fuente- proceso
La derrota electoral del PRI en Oaxaca no desactivó el terror que Ulises Ruiz institucionalizó como su principal instrumento de control. De hecho, legisladores, dirigentes sociales y obispos temen que el mandatario saliente quiera desestabilizar al estado para mantener impunes sus actos de represión y de presunta corrupción. Y en efecto, en el último tramo de su mandato se desató una espiral de violencia política que segó la vida de opositores como Catarino Torres y Heriberto Pazos.
OAXACA, OAX., 14 de noviembre (Proceso).- Las cifras que no aparecen en el sexto y último informe del gobernador Ulises Ruiz, el lunes 15, son los 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas: los llamados “archivos incómodos” de la administración saliente.
Entre los legajos se perderán las más de 600 detenciones, los 380 casos de tortura, las siete desapariciones forzadas, los innumerables secuestros, los asesinatos de cuatro periodistas y otros agravios que siguen impunes, pese a que están documentados de sobra por organismos civiles de derechos humanos.
También permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron.
El mismo destino tuvieron las 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.
Durante su campaña electoral, en 2004, Ulises Ruiz Ortiz se promovió como “el Benito Juárez del siglo XXI”, pero a decir del sociólogo Porfirio Santibáñez, como gobernador se convirtió en un “Porfirio Díaz, el dictador de esta época”.
Un “accidente automovilístico” del precandidato Aquiles López Sosa encaminó a Ulises Ruiz a la candidatura del PRI para la gubernatura. Ya en campaña, en julio de 2004, los priistas, azuzados por el actual diputado federal Elpidio Concha Arellano, mataron a garrotazos al profesor Serafín García Contreras, quien les estorbaba un acto proselitista en Huautla de Jiménez.
“Sólo Dios quita y pone a las gobernantes”, proclamó Ruiz cuando los maestros y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) exigían su renuncia en 2006. Sin embargo, esa seguridad no provenía de su mística, sino del poder de su partido, el PRI, en el Congreso de la Unión: nunca se le fincó juicio político, pese a que con sus actos de gobierno y la represión sistemática como respuesta a toda protesta enconó al estado.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1776 de la revista Proceso, ya en circulación.
fuente- proceso
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