Colombia gasta más en Defensa que en Educación y tiene el presupuesto militar más alto del continente, luego de 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, modelo a seguir según parlamentarios de la derecha chilena. Pero un saldo de más de 3 mil muertes y decisiones judiciales comienzan a desmontar una política agresiva que aisló al país cafetalero de las demás naciones del cono sur.
La Corte Constitucional -máximo órgano judicial en Colombia- se pronunció en agosto de este año, declarando inconstitucional el acuerdo que permite a Washington instalar bases militares en territorio colombiano, hecho que aparece como la primera gran fisura del complejo aparato militar construido durante los ocho años del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
La sentencia exige la aprobación, por parte del Congreso, de dicho tratado de complementación militar que, en la práctica, permite a Estados Unidos establecer una cabeza de playa con siete bases militares en la región. Fue firmado el 30 de octubre del año pasado y permitía al ejército estadounidense disponer de las instalaciones colombianas durante diez años.
El acuerdo permite la presencia de tropas estadounidenses en siete regiones de Colombia: Cartagena (Caribe), Larandia (Caquetá), Tolemaida (Cundinamarca), Málaga (Pacífico), Apiay (Meta), Palanquero (Cundinamarca) y Malambo (Atlántico).
Al hecho se suma la denuncia penal presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ante la Cámara de Representantes, en contra de Uribe por traición a la patria, al firmar un acuerdo que viola la soberanía nacional.
Colombia es el cuarto país en el mundo, y primero en la región, en recibir ayuda militar estadounidense desde que en 1952 comenzaran a suscribir periódicamente acuerdos de cooperación militar, justificados en la lucha contra el narcotráfico y el ‘terrorismo’.
MÁS PLATA PARA ARMAS
Desde que se firmó el Plan Colombia, el año 2000, el incremento en los efectivos de las fuerzas armadas del país cafetalero fue de un 52%. Por su parte, el gasto en defensa y seguridad pasó del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1999, a 4,23% el 2005.
Colombia es el país de América Latina que destina la mayor parte de su PIB al gasto militar. El presupuesto para la Seguridad y Defensa del año en curso fue de 21,12 billones de pesos (unos 11.057 millones de dólares), según dio a conocer en su oportunidad el director General de Presupuesto, Fernando Jiménez.
Las estadísticas indican que se gasta más en armas y milicias que en Educación, área que obtuvo para este año 20,58 billones (10.774 millones de dólares). O sea, si en Defensa se invirtió el 14,2% del Presupuesto General de la Nación, en Educación la partida correspondió al 13,9%.
La senadora del Polo Democrático, Gloria Cuartas (en la foto), calcula que “más del 60% del presupuesto general del Estado está dirigido a fuerzas militares y policía”. No en vano, en Colombia, 80 de cada 100 funcionarios públicos se emplean en labores relacionadas con defensa y seguridad, según un estudio de José Isaza, hecho el 2008.
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
El énfasis de los ocho años de gobierno de Uribe fue el combate a la guerrilla. Para ello diseñó la llamada Política de Seguridad Democrática, que logró volver a contar con efectivos militares y policiales en todas las regiones del país, quitando importantes áreas de acción a las guerrillas y logró la liberación de rehenes famosos como Ingrid Betancourt y soldados retenidos por casi una década.
Si bien los colombianos han valorado volver a transitar por las carreteras sin ser víctimas de las ‘pescas milagrosas’ de la guerrilla (donde se paraban caravanas y se realizaban secuestros para obtener fondos) o el estallido de coches bomba en las grandes urbes, el objetivo central de Uribe fue dar estabilidad al país para ofrecer seguridad a la inversión extranjera.
En una de sus alocuciones, cuando aún pensaba lanzarse como candidato presidencial en 2009 por tercera vez, dijo que “la seguridad permite la estabilidad, la estabilidad permite la inversión extranjera y ésta permite el crecimiento”.
Para ello su Gobierno estableció incentivos a los militares que mostraran éxitos en la lucha antisubversiva. Es el tenor de la Directiva Nº 029, firmada en 2005 por el ministro de Defensa, Camilo Ospina, que otorga bonos en dinero, días de descanso y otras regalías a los soldados y compañías que dieran de baja a guerrilleros. Tal acicate provocó una de las máquinas de muerte más sofisticadas en el continente, develada desde el 2008, cuando la sociedad colombiana se entera que jóvenes pobres, vagabundos o buscadores de empleo, eran contactados para ofertas de trabajo, llevados lejos de sus regiones de origen, vestidos como guerrilleros y fusilados para luego ser presentados como bajas propinadas a la guerrilla. Esto es lo que se conoció como ‘falsos positivos‘.
Una comisión internacional invitada por organizaciones de derechos humamos, acusó el 2008 que a partir de la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática hubo un incremento de las violaciones al derecho a la vida por parte de fuerzas de seguridad del Estado, evidenciado al comparar los cinco primeros años (2002-2007) de su puesta en marcha con los cinco años inmediatamente anteriores: Hubo un 67% más de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de Derechos Humanos, habla de 3.183 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2009. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentadas a 2.300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
Muchas de estas víctimas han sido enterradas en cementerios clandestinos, calculándose en unas 3 mil las fosas repartidas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Su localización ha sido posible por las declaraciones de los mandos medios desmovilizados del paramilitarismo, quienes según han establecido múltiples procesos penales, colaboraban con el Ejército en la eliminación de guerrilleros, activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales o indígenas.
El movimiento de víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice), estima en más de 50 mil las personas desaparecidas por la herramienta paramilitar del Estado, o por sus agentes policías y militares en la última década.
Incluso el trabajo de apoyo a las víctimas de la violencia paraestatal es objeto de atentados o amenazas. De hecho, todas las organizaciones de derechos humanos cuentan con sus dependencias blindadas y un estricto protocolo permite el ingreso a estas. Según un reciente informe de estas instancias, durante el 2009 hubo 174 personas que sufrieron algún tipo de agresión, entre las que hubo 32 asesinatos y 17 atentados.
“En los últimos tres meses han sido asesinados siete militantes de nuestro partido; dos concejales y cinco dirigentes sociales”, señala Clara López Obregón (en la foto), presidenta del Polo Democrático, a modo de ejemplo.
MILITARIZACIÓN DE LAS CIUDADES
Daniel, de sus 18 años, lleva uno de servicio en la policía y uno como bachiller -servicio público que hacen los escolares-, en las calles. Gana 300 mil pesos (unos 75 mil pesos chilenos) y gasta 180 mil en arriendo de la casa en donde vive con mamá. Si bien, al igual que muchos de sus compañeros, no le gusta ser policía, dicho trabajo lo ve como un camino para surgir. Un suboficial mayor, máximo cargo al que puede aspirar, gana cerca de $1.200.000 colombianos (divida por 4).
Al igual que Daniel (en la foto de abajo), son miles los jóvenes que en los últimos años se han enrolado en la milicia. El Ejército y la Policía enrolaron a 28 mil efectivos en 2008, con lo que el contingente activo llegó a 424 mil 873 hombres. Un año después, fueron reclutados otros 28 mil uniformados: 18 mil en el Ejército y 10 mil en la Policía, con lo que el contingente activo llegó a 452 mil 873 efectivos.
El Ejército pasó en menos de 4 años (2004 al 2008) de 181.000 hombres a 241.000. Hoy, Colombia tiene 81 mil soldados profesionales.
Estadísticas de la Contraloría General dan cuenta que el gasto militar en Colombia entre 2001 y 2007 representó en promedio el 4,7% del PIB. La cifra es tres veces mayor al promedio del continente, que en el mismo periodo de tiempo se ubicó en 1,6%.
Esta carrera armamentística no se condice con ninguna amenaza regional, ya que tanto Venezuela como Ecuador destinan a sus ejércitos un 0,8% y un 1,5% de su PIB respectivamente, cifras por debajo de la media de Latinoamérica.
RED DE INFORMANTES
En el imaginario de Uribe debe ser la sociedad y no sólo los órganos de seguridad quien debe colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio frente a la guerrilla. Para dar fuerza a esta red, se estableció un sistema de recompensas a informantes, se estimuló con dinero las deserciones de los grupos armados ilegales y la creación de unidades de soldados campesinos.
Llamada ‘Red de Cooperantes’, la iniciativa terminó involucrando a la población civil en tareas de seguridad propias de las Fuerzas Armadas. El informe de la comisión internacional de 2008 señaló que “existe información fiable de la que se deduce la existencia de una relación directa entre la implementación de esa política y el deterioro de la situación de derechos humanos en el país, en particular, de la protección y garantía del derecho a la vida en Colombia”.
Según datos del Ministerio de Defensa divulgados recientemente, “fueron convocados 2 millones 225 mil 976 cooperantes el año pasado, haciendo que en estos ocho años ya hayan 4 millones de ellos, trabajando mancomunadamente con las autoridades”.
Yepes añade que se pretendía llegar a 4 millones de personas. Acusa que “se trató de una reforma política social para que los pobres sean receptores de subsidios condicionados a las FFAA: Se paga así testimonios de remunerados acerca de ‘enemigos públicos’ o se establecieron redes de vigilancia en carreteras”.
Incluso se utilizó la legislación medioambiental que creó una red de guardabosques en zonas de reserva ecológica, los que debían cooperar con las FFAA, siendo la mayor parte de éstos, desmovilizados de los paramilitares. Yepes calcula que hay 250 mil guardabosques cumpliendo este tipo de funciones.
A juicio de Cuartas, “el Estado subsidia las familias, montos que está orientado a una estrategia de cooptación territorial a la guerrilla. La persona al sentir que hay un gobierno benefactor, no lo ve como responsable, sino que como una asistencia”. Agrega que “la alianza seguridad e inversión extranjera produce un triángulo de ‘familias en cohesión social’, inversión extranjera y bases militares de USA”.
LOS ‘PARAS’ Y LAS FARC
El rencor de Uribe con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc tiene su origen en la muerte de su padre, Alberto Uribe, quien fue asesinado por la guerrilla a principios de la década de 1980 en un intento de secuestro. A ello atribuyen algunos que a lo largo de su mandato, el ex presidente retrasó hasta lo inaguantable los acuerdos para el intercambio humanitario con la guerrilla y apostó por las soluciones armadas.
De parte de la guerrilla recibió un atentado con bombas caseras lanzadas al Palacio de Nariño cuando juró como mandatario. Pero erraron en el blanco y no evitaron que el 20 de febrero de 2002, a pocos días de asumir, cerrara los intentos de conversaciones con las Farc comenzados en gobiernos anteriores.
Al finalizar su mandato, Uribe exhibió orgulloso la muerte de importantes líderes de la guerrilla como Raúl Reyes, Martín Caballero o el Negro Acacio. También la reducción en 25 mil de los guerrilleros, según cifras oficiales: Si el 2002 las Farc y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tenían 14.500 miembros, estos se redujeron a 8 mil y 1.500, respectivamente.
Pero dichas cifras resultan extrañas para las organizaciones de derechos humanos. A juicio de Iván Cepeda, miembro del Movice, recién electo congresista, las cifras simplemente no cuadran: “Los guerrilleros no tenían más de 16 mil miembros cuando Uribe tomó el poder y los paramilitares tenían 12 mil personas. Hay más de 200 mil casos de personas puestas fuera de combate, entre estas 50 mil desmovilizados, unos cuantos detenidos y otros miles muertos. O sea, han eliminado 3 ó 4 veces los grupos existentes y esos grupos siguen teniendo cuadros”.
Con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Uribe aplicó la ley del embudo a través de la controvertida Ley de Justicia y Paz, que si bien permitió la desmovilización entre agosto de 2000 y abril de 2010 de 53.037 personas, otorga bajísimas penas a los crímenes cometidos por los paramilitares de derecha.
El ex presidente Andrés Pastrana dijo de esta ley que había servido para legalizar a capos del narcotráfico que se hicieron pasar por jefes paramilitares. López recuerda que “los jefes paramilitares Vicente Castaño y Salvatore Mancuso se ufanaban de haber elegido el 30% del Congreso. Hoy son 93 los senadores y representantes a la cámara investigados por vínculos con los paras”.
Como los procesos seguidos dan cuenta de la estrecha relación entre las AUC y la derecha uribista, en mayo de 2008 fueron extraditados a Estados Unidos 14 paramilitares acogidos a dicha legislación, entre los que figura Mancuso. El argumento del Gobierno fue sus vínculos con el narcotráfico y que estos siguieron delinquiendo estando en prisión. Lejos de territorio colombiano, serán procesados sólo por violar las leyes de drogas y costará saber de sus vínculos con el gobierno de Uribe.
ESCUCHAS TELEFÓNICAS
Ya en junio de ese año, el paramilitar alias “El Iguano” dijo que entre los notables de las AUC figuraban José Miguel Narváez, ex subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien fue procesado junto con otros nueve funcionarios del organismo de inteligencia dependiente directamente de la presidencia, en agosto del 2009. Hoy el DAS enfrenta las investigaciones por el espionaje a políticos de oposición, altos magistrados de la Corte Suprema y periodistas, hechos ocurridos en los últimos años del gobierno de Uribe.
Jorge Noguera, primer director del DAS bajo la época de Uribe, tuvo que renunciar por la infiltración de paras en el DAS. Hoy, la justicia lo acusa del asesinato de sindicalistas y otros crímenes en asociación con los paras, más espionaje a activistas de derechos humanos. Otros altos funcionarios procesados por causas similares son Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex-embajador encargado en Chile. Pero la piedra en el zapato es el congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y uno de sus principales aliados políticos, procesado por vínculos con el paramilitarismo.
Pese a haber sido ministro de Defensa de Uribe, el actual presidente, Juan Manuel Santos, ha descomprimido el énfasis puesto en seguridad. A los pocos días de recibir la banda presidencial se entrevistó con el presidente venezolano, Hugo Chávez, para acercar posiciones luego de que una maniobra uribista acusara a Venezuela de dar refugio a las Farc en su territorio ante la OEA.
La decisión de la Corte, si bien deja en manos de un Congreso dominado por partidarios de Uribe el futuro de las bases militares, la violación de la soberanía colombiana es evidente de ratificarse el tratado. Incluso el magistrado ponente ante la Corte, Jorge Palacios, solicitó al alto tribunal declarar inexequible el acuerdo al estimarlo incongruente con la Carta Magna.
Por Mauricio Becerra
La Corte Constitucional -máximo órgano judicial en Colombia- se pronunció en agosto de este año, declarando inconstitucional el acuerdo que permite a Washington instalar bases militares en territorio colombiano, hecho que aparece como la primera gran fisura del complejo aparato militar construido durante los ocho años del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
La sentencia exige la aprobación, por parte del Congreso, de dicho tratado de complementación militar que, en la práctica, permite a Estados Unidos establecer una cabeza de playa con siete bases militares en la región. Fue firmado el 30 de octubre del año pasado y permitía al ejército estadounidense disponer de las instalaciones colombianas durante diez años.
El acuerdo permite la presencia de tropas estadounidenses en siete regiones de Colombia: Cartagena (Caribe), Larandia (Caquetá), Tolemaida (Cundinamarca), Málaga (Pacífico), Apiay (Meta), Palanquero (Cundinamarca) y Malambo (Atlántico).
Al hecho se suma la denuncia penal presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ante la Cámara de Representantes, en contra de Uribe por traición a la patria, al firmar un acuerdo que viola la soberanía nacional.
Colombia es el cuarto país en el mundo, y primero en la región, en recibir ayuda militar estadounidense desde que en 1952 comenzaran a suscribir periódicamente acuerdos de cooperación militar, justificados en la lucha contra el narcotráfico y el ‘terrorismo’.
MÁS PLATA PARA ARMAS
Desde que se firmó el Plan Colombia, el año 2000, el incremento en los efectivos de las fuerzas armadas del país cafetalero fue de un 52%. Por su parte, el gasto en defensa y seguridad pasó del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1999, a 4,23% el 2005.
Colombia es el país de América Latina que destina la mayor parte de su PIB al gasto militar. El presupuesto para la Seguridad y Defensa del año en curso fue de 21,12 billones de pesos (unos 11.057 millones de dólares), según dio a conocer en su oportunidad el director General de Presupuesto, Fernando Jiménez.
Las estadísticas indican que se gasta más en armas y milicias que en Educación, área que obtuvo para este año 20,58 billones (10.774 millones de dólares). O sea, si en Defensa se invirtió el 14,2% del Presupuesto General de la Nación, en Educación la partida correspondió al 13,9%.
La senadora del Polo Democrático, Gloria Cuartas (en la foto), calcula que “más del 60% del presupuesto general del Estado está dirigido a fuerzas militares y policía”. No en vano, en Colombia, 80 de cada 100 funcionarios públicos se emplean en labores relacionadas con defensa y seguridad, según un estudio de José Isaza, hecho el 2008.
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
El énfasis de los ocho años de gobierno de Uribe fue el combate a la guerrilla. Para ello diseñó la llamada Política de Seguridad Democrática, que logró volver a contar con efectivos militares y policiales en todas las regiones del país, quitando importantes áreas de acción a las guerrillas y logró la liberación de rehenes famosos como Ingrid Betancourt y soldados retenidos por casi una década.
Si bien los colombianos han valorado volver a transitar por las carreteras sin ser víctimas de las ‘pescas milagrosas’ de la guerrilla (donde se paraban caravanas y se realizaban secuestros para obtener fondos) o el estallido de coches bomba en las grandes urbes, el objetivo central de Uribe fue dar estabilidad al país para ofrecer seguridad a la inversión extranjera.
En una de sus alocuciones, cuando aún pensaba lanzarse como candidato presidencial en 2009 por tercera vez, dijo que “la seguridad permite la estabilidad, la estabilidad permite la inversión extranjera y ésta permite el crecimiento”.
Para ello su Gobierno estableció incentivos a los militares que mostraran éxitos en la lucha antisubversiva. Es el tenor de la Directiva Nº 029, firmada en 2005 por el ministro de Defensa, Camilo Ospina, que otorga bonos en dinero, días de descanso y otras regalías a los soldados y compañías que dieran de baja a guerrilleros. Tal acicate provocó una de las máquinas de muerte más sofisticadas en el continente, develada desde el 2008, cuando la sociedad colombiana se entera que jóvenes pobres, vagabundos o buscadores de empleo, eran contactados para ofertas de trabajo, llevados lejos de sus regiones de origen, vestidos como guerrilleros y fusilados para luego ser presentados como bajas propinadas a la guerrilla. Esto es lo que se conoció como ‘falsos positivos‘.
Una comisión internacional invitada por organizaciones de derechos humamos, acusó el 2008 que a partir de la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática hubo un incremento de las violaciones al derecho a la vida por parte de fuerzas de seguridad del Estado, evidenciado al comparar los cinco primeros años (2002-2007) de su puesta en marcha con los cinco años inmediatamente anteriores: Hubo un 67% más de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de Derechos Humanos, habla de 3.183 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2009. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentadas a 2.300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
Muchas de estas víctimas han sido enterradas en cementerios clandestinos, calculándose en unas 3 mil las fosas repartidas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Su localización ha sido posible por las declaraciones de los mandos medios desmovilizados del paramilitarismo, quienes según han establecido múltiples procesos penales, colaboraban con el Ejército en la eliminación de guerrilleros, activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales o indígenas.
El movimiento de víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice), estima en más de 50 mil las personas desaparecidas por la herramienta paramilitar del Estado, o por sus agentes policías y militares en la última década.
Incluso el trabajo de apoyo a las víctimas de la violencia paraestatal es objeto de atentados o amenazas. De hecho, todas las organizaciones de derechos humanos cuentan con sus dependencias blindadas y un estricto protocolo permite el ingreso a estas. Según un reciente informe de estas instancias, durante el 2009 hubo 174 personas que sufrieron algún tipo de agresión, entre las que hubo 32 asesinatos y 17 atentados.
“En los últimos tres meses han sido asesinados siete militantes de nuestro partido; dos concejales y cinco dirigentes sociales”, señala Clara López Obregón (en la foto), presidenta del Polo Democrático, a modo de ejemplo.
MILITARIZACIÓN DE LAS CIUDADES
Daniel, de sus 18 años, lleva uno de servicio en la policía y uno como bachiller -servicio público que hacen los escolares-, en las calles. Gana 300 mil pesos (unos 75 mil pesos chilenos) y gasta 180 mil en arriendo de la casa en donde vive con mamá. Si bien, al igual que muchos de sus compañeros, no le gusta ser policía, dicho trabajo lo ve como un camino para surgir. Un suboficial mayor, máximo cargo al que puede aspirar, gana cerca de $1.200.000 colombianos (divida por 4).
Al igual que Daniel (en la foto de abajo), son miles los jóvenes que en los últimos años se han enrolado en la milicia. El Ejército y la Policía enrolaron a 28 mil efectivos en 2008, con lo que el contingente activo llegó a 424 mil 873 hombres. Un año después, fueron reclutados otros 28 mil uniformados: 18 mil en el Ejército y 10 mil en la Policía, con lo que el contingente activo llegó a 452 mil 873 efectivos.
El Ejército pasó en menos de 4 años (2004 al 2008) de 181.000 hombres a 241.000. Hoy, Colombia tiene 81 mil soldados profesionales.
Estadísticas de la Contraloría General dan cuenta que el gasto militar en Colombia entre 2001 y 2007 representó en promedio el 4,7% del PIB. La cifra es tres veces mayor al promedio del continente, que en el mismo periodo de tiempo se ubicó en 1,6%.
Esta carrera armamentística no se condice con ninguna amenaza regional, ya que tanto Venezuela como Ecuador destinan a sus ejércitos un 0,8% y un 1,5% de su PIB respectivamente, cifras por debajo de la media de Latinoamérica.
RED DE INFORMANTES
En el imaginario de Uribe debe ser la sociedad y no sólo los órganos de seguridad quien debe colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio frente a la guerrilla. Para dar fuerza a esta red, se estableció un sistema de recompensas a informantes, se estimuló con dinero las deserciones de los grupos armados ilegales y la creación de unidades de soldados campesinos.
Llamada ‘Red de Cooperantes’, la iniciativa terminó involucrando a la población civil en tareas de seguridad propias de las Fuerzas Armadas. El informe de la comisión internacional de 2008 señaló que “existe información fiable de la que se deduce la existencia de una relación directa entre la implementación de esa política y el deterioro de la situación de derechos humanos en el país, en particular, de la protección y garantía del derecho a la vida en Colombia”.
Según datos del Ministerio de Defensa divulgados recientemente, “fueron convocados 2 millones 225 mil 976 cooperantes el año pasado, haciendo que en estos ocho años ya hayan 4 millones de ellos, trabajando mancomunadamente con las autoridades”.
Yepes añade que se pretendía llegar a 4 millones de personas. Acusa que “se trató de una reforma política social para que los pobres sean receptores de subsidios condicionados a las FFAA: Se paga así testimonios de remunerados acerca de ‘enemigos públicos’ o se establecieron redes de vigilancia en carreteras”.
Incluso se utilizó la legislación medioambiental que creó una red de guardabosques en zonas de reserva ecológica, los que debían cooperar con las FFAA, siendo la mayor parte de éstos, desmovilizados de los paramilitares. Yepes calcula que hay 250 mil guardabosques cumpliendo este tipo de funciones.
A juicio de Cuartas, “el Estado subsidia las familias, montos que está orientado a una estrategia de cooptación territorial a la guerrilla. La persona al sentir que hay un gobierno benefactor, no lo ve como responsable, sino que como una asistencia”. Agrega que “la alianza seguridad e inversión extranjera produce un triángulo de ‘familias en cohesión social’, inversión extranjera y bases militares de USA”.
LOS ‘PARAS’ Y LAS FARC
El rencor de Uribe con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc tiene su origen en la muerte de su padre, Alberto Uribe, quien fue asesinado por la guerrilla a principios de la década de 1980 en un intento de secuestro. A ello atribuyen algunos que a lo largo de su mandato, el ex presidente retrasó hasta lo inaguantable los acuerdos para el intercambio humanitario con la guerrilla y apostó por las soluciones armadas.
De parte de la guerrilla recibió un atentado con bombas caseras lanzadas al Palacio de Nariño cuando juró como mandatario. Pero erraron en el blanco y no evitaron que el 20 de febrero de 2002, a pocos días de asumir, cerrara los intentos de conversaciones con las Farc comenzados en gobiernos anteriores.
Al finalizar su mandato, Uribe exhibió orgulloso la muerte de importantes líderes de la guerrilla como Raúl Reyes, Martín Caballero o el Negro Acacio. También la reducción en 25 mil de los guerrilleros, según cifras oficiales: Si el 2002 las Farc y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tenían 14.500 miembros, estos se redujeron a 8 mil y 1.500, respectivamente.
Pero dichas cifras resultan extrañas para las organizaciones de derechos humanos. A juicio de Iván Cepeda, miembro del Movice, recién electo congresista, las cifras simplemente no cuadran: “Los guerrilleros no tenían más de 16 mil miembros cuando Uribe tomó el poder y los paramilitares tenían 12 mil personas. Hay más de 200 mil casos de personas puestas fuera de combate, entre estas 50 mil desmovilizados, unos cuantos detenidos y otros miles muertos. O sea, han eliminado 3 ó 4 veces los grupos existentes y esos grupos siguen teniendo cuadros”.
Con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Uribe aplicó la ley del embudo a través de la controvertida Ley de Justicia y Paz, que si bien permitió la desmovilización entre agosto de 2000 y abril de 2010 de 53.037 personas, otorga bajísimas penas a los crímenes cometidos por los paramilitares de derecha.
El ex presidente Andrés Pastrana dijo de esta ley que había servido para legalizar a capos del narcotráfico que se hicieron pasar por jefes paramilitares. López recuerda que “los jefes paramilitares Vicente Castaño y Salvatore Mancuso se ufanaban de haber elegido el 30% del Congreso. Hoy son 93 los senadores y representantes a la cámara investigados por vínculos con los paras”.
Como los procesos seguidos dan cuenta de la estrecha relación entre las AUC y la derecha uribista, en mayo de 2008 fueron extraditados a Estados Unidos 14 paramilitares acogidos a dicha legislación, entre los que figura Mancuso. El argumento del Gobierno fue sus vínculos con el narcotráfico y que estos siguieron delinquiendo estando en prisión. Lejos de territorio colombiano, serán procesados sólo por violar las leyes de drogas y costará saber de sus vínculos con el gobierno de Uribe.
ESCUCHAS TELEFÓNICAS
Ya en junio de ese año, el paramilitar alias “El Iguano” dijo que entre los notables de las AUC figuraban José Miguel Narváez, ex subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien fue procesado junto con otros nueve funcionarios del organismo de inteligencia dependiente directamente de la presidencia, en agosto del 2009. Hoy el DAS enfrenta las investigaciones por el espionaje a políticos de oposición, altos magistrados de la Corte Suprema y periodistas, hechos ocurridos en los últimos años del gobierno de Uribe.
Jorge Noguera, primer director del DAS bajo la época de Uribe, tuvo que renunciar por la infiltración de paras en el DAS. Hoy, la justicia lo acusa del asesinato de sindicalistas y otros crímenes en asociación con los paras, más espionaje a activistas de derechos humanos. Otros altos funcionarios procesados por causas similares son Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex-embajador encargado en Chile. Pero la piedra en el zapato es el congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y uno de sus principales aliados políticos, procesado por vínculos con el paramilitarismo.
Pese a haber sido ministro de Defensa de Uribe, el actual presidente, Juan Manuel Santos, ha descomprimido el énfasis puesto en seguridad. A los pocos días de recibir la banda presidencial se entrevistó con el presidente venezolano, Hugo Chávez, para acercar posiciones luego de que una maniobra uribista acusara a Venezuela de dar refugio a las Farc en su territorio ante la OEA.
La decisión de la Corte, si bien deja en manos de un Congreso dominado por partidarios de Uribe el futuro de las bases militares, la violación de la soberanía colombiana es evidente de ratificarse el tratado. Incluso el magistrado ponente ante la Corte, Jorge Palacios, solicitó al alto tribunal declarar inexequible el acuerdo al estimarlo incongruente con la Carta Magna.
Por Mauricio Becerra
fuente- el ciudadano.cl
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