Bogotá, 13 ene (EFE).- La puesta en libertad de 31 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales reabrió la polémica en Colombia, donde el Procurador General calificó hoy el hecho de "escándalo internacional", mientras los indignados familiares de las víctimas anunciaron que acudirán a la Corte Penal Internacional.
El juez Fernando Sarmiento, de la localidad de Soacha, donde se sigue el caso más emblemático de los denominados "falsos positivos", puso hoy en libertad condicional a un teniente coronel, un cabo y cinco soldados.
La razón que adujo el juez responde a los mismos motivos por los que se actuó de igual forma con otros 24 militares en las últimas semanas, de los cuales seis recobraron su libertad ayer, otros 17 a principios de enero y uno más en diciembre pasado.
Los jueces que han ido tomando estas decisiones establecieron que se habían superado los 90 días previstos en la Ley para que la Fiscalía llamara a los militares a juicio en una vista oral.
El juez Sarmiento consideró hoy que su decisión se ajusta a la Ley y "no aduce impunidad".
"Si en este momento se están dando los presupuestos legales suficientes para otorgarles la libertad por vencimiento de términos, no podemos ser testarudos en ese sentido", manifestó el juez.
Agregó que su decisión tiene "una connotación objetiva, que es sólo vencimiento de términos, y no admite otro tipo de consideraciones".
Pidió asimismo a los familiares de las víctimas "comprensión", y dijo que éstas sólo podrán aducir impunidad cuando haya una sentencia.
Sin embargo, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, calificó hoy de "escándalo internacional" estos hechos y responsabilizó al Consejo Superior de la Judicatura de demorarse cuatro meses en determinar dónde serían juzgados los militares.
"Esto es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad de nuestras instituciones y para la administración de justicia", señaló Ordóñez, cuya oficina controla el comportamiento de los funcionarios públicos.
Con mayor indignación respondió la activista Lilia Solano, directora del Proyecto Justicia y Vida, una organización no gubernamental que acompaña a las víctimas de Soacha, quien anunció a Efe que, ante la impunidad planteada por la justicia colombiana, llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Soacha es una localidad vecina a Bogotá donde fueron reclutados y después asesinados un buen número de jóvenes, entre ellos un deficiente mental, que las Fuerzas Militares presentaron como guerrilleros muertos en combate.
Solano consideró "absolutamente aberrante lo que está pasando", y pidió apoyo a la comunidad internacional para evitar la impunidad.
"Esos crímenes se cometieron con la complacencia de muy arriba, esta política de Seguridad Democrática ha acudido a la criminalidad", señaló en alusión al eje central de la política del presidente Álvaro Uribe.
"Que esto pase en Colombia es increíble, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos por el Gobierno (...), el Gobierno está jugando en la estrategia", insistió.
También manifestó que "hay pruebas contundentes de los crímenes y de los responsables; no pueden quedar sin ser juzgados los que dieron las órdenes, no sólo los que hicieron los actos".
El escándalo de los "falsos positivos" saltó a la luz pública en octubre de 2008, lo que llevó al presidente Uribe a destituir a tres generales y 24 oficiales y a la Justicia a iniciar investigaciones que un año y medio después parecen infructuosas.
La Fiscalía colombiana ha contabilizado 1.800 víctimas de los denominados "falsos positivos", que responden a una política de incentivos en el seno de las Fuerzas Militares por la que los mandos que presentan bajas de guerrilleros se benefician de permisos o ascensos.
La CPI tiene vigencia plena en Colombia desde el pasado 1 de noviembre, cuando venció la moratoria que solicitó este país en 2002, pero sólo actuaría si se determina que la Justicia nacional no es capaz de resolver casos de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio.
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