Cananea está de nuevo en llamas. El miércoles, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros se apostaron en la puerta número 2 de la mina de Cananea, haciendo valer un amparo otorgado por un juez federal, el pasado 12 de agosto, que ordena el desalojo de las fuerzas del orden y el regreso de los huelguistas a las instalaciones. Esto motivó que los empleados subcontratados de Grupo México se enfrentaran con palos y piedras con los sindicalizados.
Según el gobierno del estado de Sonora, uno de los trabajadores de la sección 65, de nombre Jesús Gallegos Cabrera, fue responsable de accionar un arma contra tres obreros subcontratados, hiriendo de gravedad en la cabeza a Jesús Santos Martínez Bermúdez, de 60 años. Es curioso, pero el secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, había asegurado ayer que aunque ya lo tenían identificado "por el momento olvidé el nombre". Bonita amnesia en momentos tan delicados.
¿Quién sale más perjudicado con el incidente armado? El sindicato. ¿Para qué arriesgarse a usar armas de fuego a sabiendas de que afectarían aún más su imagen ante la sociedad? Podría argumentarse que los mineros están desesperados, radicalizados y son capaces de hacer cualquier locura por hacerse del control de la mina de cobre. Pero estos actos no corresponden con la actitud de los sindicalistas, quienes nunca han usado armas a lo largo del conflicto.
¿Quiénes se benefician con el escándalo? En primerísimo lugar, el gobierno de Guillermo Padrés y Grupo México. Como han sido inútiles sus esfuerzos por aplastar el movimiento huelguista, las acusaciones de que se convirtieron en delincuentes son el pretexto perfecto para negar cualquier iniciativa de diálogo y de negociación.
Sería ingenuo pensar que el gobierno estatal actúa con imparcialidad. Si algo ha quedado en evidencia a lo largo de casi un año en el poder es que siempre se ha inclinado a favor de Grupo México. En día del enfrentamiento fueron arrestados 27 trabajadores de la sección 65, pero ninguno de los que participaron por parte de la empresa. Ni modo que salgan con que se mantuvieron al margen de la agresión, pues hay reportes de que 600 individuos agredieron a los mineros congregados en las oficinas sindicales después del altercado.
Otra cuestión preocupante es que el secretario de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, haya afirmado que la identidad de Gallegos Cabrera no corresponde con la fotografía dada a conocer por la Procuraduría de Justicia. Tanto al sindicato como las autoridades estatales deberán presentar a la brevedad más elementos de prueba para sustentar sus dichos.
Guillermo Padrés, en lugar de actuar con mesura, buscar una salida conciliatoria, calmar los ánimos y sin haber existido una investigación exhaustiva, criminalizó de inmediato un conflicto eminentemente político, calificándolo como "movimiento peligroso".. Que el gobernador se niegue a dialogar con los mineros, llamándolos "grupo subversivo, delictivo", "delincuentes" y "grupos armados" (a pesar de que supuestamente fue sólo un minero que usó una pistola) confirma la tesis de que el enfrentamiento pudo haber sido orquestado para destruir a los sindicalistas y proteger a la poderosa corporación de Germán Larrea.
Según el gobierno del estado de Sonora, uno de los trabajadores de la sección 65, de nombre Jesús Gallegos Cabrera, fue responsable de accionar un arma contra tres obreros subcontratados, hiriendo de gravedad en la cabeza a Jesús Santos Martínez Bermúdez, de 60 años. Es curioso, pero el secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, había asegurado ayer que aunque ya lo tenían identificado "por el momento olvidé el nombre". Bonita amnesia en momentos tan delicados.
¿Quién sale más perjudicado con el incidente armado? El sindicato. ¿Para qué arriesgarse a usar armas de fuego a sabiendas de que afectarían aún más su imagen ante la sociedad? Podría argumentarse que los mineros están desesperados, radicalizados y son capaces de hacer cualquier locura por hacerse del control de la mina de cobre. Pero estos actos no corresponden con la actitud de los sindicalistas, quienes nunca han usado armas a lo largo del conflicto.
¿Quiénes se benefician con el escándalo? En primerísimo lugar, el gobierno de Guillermo Padrés y Grupo México. Como han sido inútiles sus esfuerzos por aplastar el movimiento huelguista, las acusaciones de que se convirtieron en delincuentes son el pretexto perfecto para negar cualquier iniciativa de diálogo y de negociación.
Sería ingenuo pensar que el gobierno estatal actúa con imparcialidad. Si algo ha quedado en evidencia a lo largo de casi un año en el poder es que siempre se ha inclinado a favor de Grupo México. En día del enfrentamiento fueron arrestados 27 trabajadores de la sección 65, pero ninguno de los que participaron por parte de la empresa. Ni modo que salgan con que se mantuvieron al margen de la agresión, pues hay reportes de que 600 individuos agredieron a los mineros congregados en las oficinas sindicales después del altercado.
Otra cuestión preocupante es que el secretario de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, haya afirmado que la identidad de Gallegos Cabrera no corresponde con la fotografía dada a conocer por la Procuraduría de Justicia. Tanto al sindicato como las autoridades estatales deberán presentar a la brevedad más elementos de prueba para sustentar sus dichos.
Guillermo Padrés, en lugar de actuar con mesura, buscar una salida conciliatoria, calmar los ánimos y sin haber existido una investigación exhaustiva, criminalizó de inmediato un conflicto eminentemente político, calificándolo como "movimiento peligroso".. Que el gobernador se niegue a dialogar con los mineros, llamándolos "grupo subversivo, delictivo", "delincuentes" y "grupos armados" (a pesar de que supuestamente fue sólo un minero que usó una pistola) confirma la tesis de que el enfrentamiento pudo haber sido orquestado para destruir a los sindicalistas y proteger a la poderosa corporación de Germán Larrea.
fuente- sdp noticias
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