Peña Nieto y Calderón en Los Pinos.
Foto: Presidencia
Foto: Presidencia
MÉXICO,
D.F. (apro).- El pasado fin de semana varios cientos de organizaciones
de todo el país se reunieron en el municipio de San Salvador Atenco, en
una primera convención nacional, para definir su posición ante lo que
parece inevitable: la imposición de Enrique Peña Nieto en la silla
presidencial.
Todos los reunidos en ese pueblo mexiquense,
reprimido precisamente por Peña Nieto como gobernador del Estado de
México, acordaron desconocerlo como presidente. Esta es la primera vez
en la historia del país que tantas agrupaciones sociales juntas hacen
manifiesto su repudio e impugnan la legitimidad de una figura política, a
la que no le darán el lugar que las instituciones electorales sí habrán
de otorgarle, a pesar de todas las irregularidades denunciadas.
Esto
es, que mientras una buena parte de la sociedad mexicana rechaza al
priista como primer mandatario, las autoridades electorales legalizarán
una victoria que no es legítima.
Al igual que Calderón, si el
Tribunal Electoral valida la elección presidencial, el priista Peña
Nieto arrancará su administración sin el reconocimiento de millones de
mexicanos, que lo ven como la imposición de un grupo de poder.
En
los próximos meses, mientras el Tribunal Electoral valida la elección
presidencial, veremos en las calles manifestaciones de estudiantes,
campesinos y profesores; de jóvenes rechazados de las escuelas de
educación superior, amas de casa y padres de familia contra Peña Nieto.
Pero también contra Televisa, el IFE y el Tribunal Electoral por su
complicidad en la imposición del priista.
No se trata solamente de
un simple rechazo; es el cuestionamiento profundo y legítimo de los
ciudadanos a las instituciones electorales que han dejado a un lado su
responsabilidad de cuidar la organización de elecciones limpias,
transparentes y equitativas para proteger los intereses de grupos.
Es
el cuestionamiento de una parte importante de la sociedad a quienes
encabezan estas instituciones que costaron muchos años de esfuerzo e
incluso vidas, y que ahora están lejos de ser ciudadanas y confiables,
pues sus miembros responden más a intereses de los partidos que a los
valores de imparcialidad y justicia para los que fueron creados.
Pero sobre todo, estas movilizaciones sociales representan el
cuestionamiento a la supuesta limpieza de un proceso electoral manchado
por la ilegalidad desde antes de que arrancara y que ninguna autoridad
se atrevió a investigar.
Como Calderón, Peña Nieto arrastrará la
carga de la ilegitimidad durante seis años, si es que, como todo parece
indicar, el Tribunal validara su triunfo, no obstante las pruebas que se
presentaron de compra y coacción del voto, así como de lavado de dinero
y el uso de recursos financieros de origen sospechoso.
Pero tanto
al panista como al priista esto parece importarles poco. Tan es así que
fue Calderón quien reconoció el supuesto triunfo de Peña Nieto la noche
del 1 de julio cuando aún no terminaba el cómputo de los votos en los
distritos electorales.
No sólo eso, Calderón también lo recibió el
pasado martes por la noche en Los Pinos, en una especie de entrega del
poder adelantado, cuando el Tribunal Electoral apenas estaba recibiendo
el expediente de impugnación de validez de la elección presidencial.
A Calderón y a Peña Nieto los une la ilegitimidad y la indiferencia por la sociedad.
Al
panista nunca le agradaron los movimientos sociales, ni siquiera cuando
el movimiento de paz lo sentó para que escuchara la tragedia de las
víctimas de la guerra contra el narcotráfico que él proclamó desde el
inicio de su administración.
Al priista, mucho menos; y cuando los
campesinos de Atenco se manifestaron en contra el desalojo de unos
floricultores de un mercado en Texcoco en mayo de 2006, los mandó a
reprimir y a detener como si fueran delincuentes.
El autoritarismo
y la represión del PRI, que nunca se fue, está a la vuelta de la
esquina, eso lo que ven los grupos sociales y es por eso que se están
organizando.
Las movilizaciones que desde ahora y hasta diciembre
tienen programadas 300 organizaciones sociales parecen ser el preludio
de lo que será el próximo gobierno, un sexenio de repudio y represión.
Sobre todo si, como ya se ve, habrá una alianza entre el PRI y el PAN
para echar adelante las reformas estructurales (energética, laboral y
hacendaría principalmente) que tiene un claro perfil antipopular.
fuente- proceso
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