Gabino Cué, gobernador de Oaxaca
MÉXICO, D.F., 30 de mayo.- Nadie dijo que gobernar en Oaxaca con sentido y propósitos democráticos fuera tarea fácil, sobre todo por la conflictividad social que dejaron José Murat y Ulises Ruiz –tan semejantes siempre, y ahora tan distantes– y que a veces estimularon para su conveniencia o daño de sus antagonistas. Nadie dijo tampoco que instaurar un gobierno surgido de una alianza electoral implicaría el abandono a las fuerzas que participaron en ella o la simple sujeción del gobernador a las exigencias de sus aliados.
Nadie dijo tampoco que el vasto programa democrático propuesto por Gabino Cué a los oaxaqueños se realizaría de la noche a la mañana, como por ensalmo. En una célebre entrevista que no ha perdido su vigencia, pese a las varias décadas corridas desde su realización, Chou en Lai dijo a Julio Scherer que una cosa era tomar el gobierno y otra tomar el poder. Si asumir las funciones gubernamentales resulta una ardua tarea, debido al deterioro administrativo y a las trampas sembradas por el círculo cercano al exgobernador Ruiz, mucho más empinada será la cuesta que conduzca a la toma del poder, al control completo de los resortes políticos que permiten la gobernabilidad.
Como ha ocurrido desde tiempo inmemorial, pero con intensidad reciente, bullen los conflictos sociales en Oaxaca. Son atendidos por la administración de Cué, pero no siempre es posible resolverlos en el sentido deseado por los participantes en el conflicto porque no es infrecuente que sus intereses –los intereses encontrados de unos y otros– tengan representación o por lo menos eco en las esferas gubernamentales. Esas diferencias de opinión y perspectiva, comprensibles cuando la maquinaria oficial se ha integrado no sólo por políticos profesionales, sino también por activistas o ciudadanos sin anterior militancia, son allanables, y es seguro que se atenuarán al paso del tiempo o el gobernador les pondrá fin. También disminuirá la virulencia de algunos de esos conflictos cuando la Procuraduría de Justicia del Estado active algunos de los muchos procedimientos varados por la abulia de los anteriores titulares del Ministerio Público, que más parecían abogados defensores del interés del gobernador y de su camarilla.
Es más difícil, en cambio, sofocar algunos de los incendios que amenazan a Oaxaca. No me refiero a los fuegos propiamente dichos que destrozan dilatadas extensiones de tierra en esa entidad –hasta mayo se habían registrado este año 217 incendios, que atacaron una superficie de 12 mil hectáreas–. Con todo y su gravedad, se trata de fenómenos que pueden ser contenidos, aunque no sin daños, casi siempre remediables también. Me refiero a los incendios en sentido metafórico, a los que nacen de intereses creados que pelearán con todas las armas para impedir su desaparición. A riesgo de ser esquemático, y más a título de ejemplos que con ánimo de integrarlos a todos en el análisis, cito algunos.
Por un lado están los remanentes del viejo régimen, que no han sido desplazados. Su reacción comenzó a manifestarse antes de que Ulises Ruiz concluyera su sexenio en noviembre pasado. El secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, según la acusación ya preparada por la Procuraduría General de la República, dispuso en su provecho (en el de familiares y amigos, entre los cuales podemos conjeturar que se halla su antiguo jefe) de 800 millones de pesos. Ahora el caso ha sido turnado al Ministerio Público local, que enfrentará dificultades legales para iniciar acción penal, pues el gobernador saliente buscó hace algunos meses blindar a este y otros colaboradores. Hizo que se les fincaran denuncias, se simularon las averiguaciones previas y se resolvió que no se iniciaría acción penal. Por supuesto, no se trata de una exoneración universal y será posible no sólo procesar por peculado a Ortega Habib y a otros servidores. Las auditorías realizadas hasta ahora indican problemas hasta por 2 mil millones de pesos, y si bien no es verdad enteramente que toda cifra fue distraída, sí hay faltantes de gran monto que ameritarán la acción de la justicia. Y, previamente, la reacción de los eventuales inculpados, sus cómplices y asociados.
Por otro lado, el tradicional campamento de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido instalado una vez más en el Centro Histórico de la Vieja Antequera. Se creería que no hay razón para montarlo y entorpecer con él las actividades productivas de la zona. El plantón era un instrumento de lucha del magisterio frente a gobernadores que oscilaban entre reprimirlos y manipularlos. Y sin embargo, como si no hubiera un nuevo talante en el trato a las agrupaciones sociales desde hace ya seis meses, se han suspendido clases en todo el estado, y una porción del personal que por eso deja de laborar se congrega en la capital oaxaqueña.
La actitud de algunos de sus dirigentes, o de militantes de base, se antoja más enconada que antaño, especialmente frente a terceros. La interrupción en las actividades comerciales y turísticas en el Centro Histórico es acompañada por una actitud hosca frente a los pequeños establecimientos, cuya economía queda maltrecha por la disminución de sus ventas. Parece que se quisiera provocar una reacción hostil directamente de los afectados o que ellos presionen al gobierno para un acto de represión semejante al que en mayo de 2006 perpetró la policía estatal a las órdenes del secretario de Gobierno.
La “respuesta histórica al magisterio oaxaqueño” ofrecida por el gobernador Cué, es decir, el conjunto de incrementos a los salarios y prestaciones a los miembros de la Sección 22, asciende a más de mil 500 millones de pesos. Pero la dirección sindical la ha considerado insuficiente. Se queja también de que no todos los rubros comprendidos en la suma difundida por el gobierno tienen el carácter de prestaciones al magisterio. Tienen razón, pero les falta razón. Por ejemplo, el gobierno destinará 36.5 millones de pesos a dotar de uniformes y útiles escolares a los educandos al comenzar el próximo ciclo. No es dinero que administre el sindicato (aunque tal vez quisiera hacerlo), pero repercute en el desempeño de las niñas y niños a su cuidado, lo cual imagino que también es de su interés. Lo mismo ocurre con los desayunos escolares y las cocinas comunitarias. Además de las 50 cocinas que se sumarán a las 620 que ya operan, el programa de gasto en educación del gobierno estatal incluye la apertura de mil 800 cocinas comunitarias en los 176 municipios de mayor marginalidad.
Este y otros rubros pueden ser discutidos y acaso sean retirados por el gobierno del estado de la respuesta a los educadores, que quieren sólo respuesta directa a su pliego petitorio y no que parezca sumarse a ello el total del gasto educativo o en materia social. El gobernador Cué se mostró a media semana esperanzado de que el diálogo que su gobierno mantiene con la representación sindical, no obstante las tensiones que derivan del plantón en el centro oaxaqueño, produzca prontos frutos. Llegó hasta suponer posible que antes del fin de la semana los maestros hubieran vuelto a clases.
Una conciliación de intereses de ese género daría la respuesta pertinente a la insolente pregunta, nacida del despecho, de un diputado federal que fue colaborador cercanísimo de Ruiz. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva gastó una suma considerable en desplegados donde se mofa de que, como en tiempos de su jefe, el magisterio ponga en jaque al gobierno: “Gabino: ¿puedes, o no puedes?”.
fuente- proceso
La participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad y soberanía nacionales consiste en garantizar la integridad del territorio mexicano, del mar patrimonial y de las instalaciones estratégicas del país, aseguran los informes de la Cámara de Diputados.
Los análisis parlamentarios destacan que, además de las operaciones directas, el sistema de seguridad nacional realiza labores de inteligencia, de diálogo y negociación para la resolución de conflictos e impulsa medidas de carácter preventivo para atender a la población ante desastres naturales.
En México, cuatro dependencias federales son las encargadas de “garantizar” la seguridad nacional: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Marina.
“‘Pobres multidimensionales’ hay en toda la República, aunque se hace más evidente en los estados con mayor número de indígenas. Han sido sistemáticamente marginados del desarrollo; fueron sometidos y despojados de sus tierras, obligados a migrar a las zonas áridas y poco productivas. Es una cuestión histórica y ancestral; un problema que no se resolvió con la Independencia ni la Revolución”, comenta la investigadora Damián González.
