COMUNICADO DE PRENSA
En una reunión con periodistas celebrada hoy, 24 de agosto, Amnistía Internacional y la familia Jaakkola recordaron que defender los derechos humanos puede costar la vida en México. Asimismo, pidieron a las autoridades realizar investigaciones eficaces de los ataques contra defensores y defensoras y asegurar la protección de quienes estén en peligro.
Los padres del observador finlandés de derechos humanos Jyri Jaakkola, asesinado en Oaxaca el 27 de abril, llegaron a México hace tres días para exigir justicia. Junto con su hijo fue asesinada la defensora de derechos indígenas Alberta “Bety” Cariño mientras realizaban tareas humanitarias.
El asesinato de Jyri Jaakkola y Bety Cariño es sólo un ejemplo de los muchos ataques que han sufrido los defensores de derechos humanos en México durante los últimos años. Amnistía Internacional ha denunciado numerosos casos de asesinato, amenaza de muerte, agresión y hostigamiento judicial. Los responsables, sean agentes del estado o no, casi nunca rinden cuentas a la justicia, lo cual crea una cultura de impunidad que resulta una amenaza grave para los defensores a la hora de realizar su trabajo. Los que defienden a los grupos más marginalizados son los más vulnerables.
“Estoy muy afligida de saber que lo que le pasó a mi hijo y a Bety también le ha pasado a muchos otros defensores de derechos humanos en México”, dijo Eve Jaakkola, madre de Jyri. “Mi hijo estaba interesado en luchar por la justicia, la paz y el respeto mutuo entre los seres humanos. Por eso llegó hasta Oaxaca para acompañar a los pueblos indígenas y aprender de ellos.”
El gobierno del Presidente Calderón Hinojosa se ha comprometido ante la ONU y en su propio Programa Nacional de Derechos Humanos a implementar un mecanismo de protección para todos los defensores en riesgo. “A pesar de tantas promesas, aún no se ven los resultados” dijo Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. “El gobierno federal debe implementar un mecanismo de protección para defensores en riesgo y un protocolo de investigación para evitar que los ataques queden en la impunidad.”
El señor Herrera Aragón también recordó que el preso de conciencia y defensor de derechos humanos Raúl Hernández todavía sigue en prisión en el Estado de Guerrero por un delito fabricado. El juez de la causa resolverá su situación en los próximos días.
“Si las autoridades están comprometidas a acabar con la impunidad en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos, deben demostrarlo garantizándoles verdad, justicia y reparación a los familiares de Jyri Jaakkola y Bety Cariño”, dijo el señor Herrera Aragón.
Información de contexto
Hombres armados asesinaron a Jyri Antero Jaakkola y Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety, el 27 de abril de 2010 en el Estado de Oaxaca. Ambos formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos a la comunidad indígena de San Juan Copala y documentar la situación de derechos humanos. Otras personas sobrevivieron el ataque con graves heridas.
Grupos armados se han disputado el control político de San Juan Copala desde hace años. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, algunos de estos grupos tienen vínculos con autoridades estatales. La comunidad de San Juan Copala sigue sitiada por estos grupos sin que las autoridades garanticen sus derechos.
La investigación de los hechos ocurridos el 27 de abril está en manos de la Procuraduría General de la República. Hasta el momento nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por estos crímenes.
Jyri Jaakkola, de 33 años, vivía en Finlandia, de donde era también originario. Llegó a México a principios de 2010 y se trasladó a Oaxaca para conocer sobre los pueblos indígenas locales y enseñar sobre el uso responsable de los recursos naturales y el cambio climático.
Bety Cariño era la coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en Huajuapan de León, Oaxaca. Trabajaba en comunidades indígenas dando talleres sobre derechos de las mujeres y promoviendo la creación de radios comunitarias. Había denunciado el asesinato de las locutoras de origen Triqui Felícitas Martínez y Teresa Bautista ocurrido en San Juan Copala en 2008.
Materiales complementarios
Petitorio virtual de Amnistía Internacional sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México: http://alzatuvoz.org/defiendeles/
Fotos de Jyri Jaakkola: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/viewHome (números 109588, 109589, 109590, 109591)
Foto de Bety Cariño: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/viewHome (número 102755)
Documento de caso sobre la situación de la defensora Alba Cruz: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/052/2010/es
Documento de caso sobre la situación de la defensora Obtilia Eugenio Manuel: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/053/2010/es
Informe “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de derechos humanos en México”, 21 de enero de 2010: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/032/2009/es
Más información: Arturo Ávila, Encargado de prensa de Amnistía Internacional México. Móvil: 55 51 80 99 18, email: comunica@amnistia.org.mx
En una reunión con periodistas celebrada hoy, 24 de agosto, Amnistía Internacional y la familia Jaakkola recordaron que defender los derechos humanos puede costar la vida en México. Asimismo, pidieron a las autoridades realizar investigaciones eficaces de los ataques contra defensores y defensoras y asegurar la protección de quienes estén en peligro.
Los padres del observador finlandés de derechos humanos Jyri Jaakkola, asesinado en Oaxaca el 27 de abril, llegaron a México hace tres días para exigir justicia. Junto con su hijo fue asesinada la defensora de derechos indígenas Alberta “Bety” Cariño mientras realizaban tareas humanitarias.
El asesinato de Jyri Jaakkola y Bety Cariño es sólo un ejemplo de los muchos ataques que han sufrido los defensores de derechos humanos en México durante los últimos años. Amnistía Internacional ha denunciado numerosos casos de asesinato, amenaza de muerte, agresión y hostigamiento judicial. Los responsables, sean agentes del estado o no, casi nunca rinden cuentas a la justicia, lo cual crea una cultura de impunidad que resulta una amenaza grave para los defensores a la hora de realizar su trabajo. Los que defienden a los grupos más marginalizados son los más vulnerables.
“Estoy muy afligida de saber que lo que le pasó a mi hijo y a Bety también le ha pasado a muchos otros defensores de derechos humanos en México”, dijo Eve Jaakkola, madre de Jyri. “Mi hijo estaba interesado en luchar por la justicia, la paz y el respeto mutuo entre los seres humanos. Por eso llegó hasta Oaxaca para acompañar a los pueblos indígenas y aprender de ellos.”
El gobierno del Presidente Calderón Hinojosa se ha comprometido ante la ONU y en su propio Programa Nacional de Derechos Humanos a implementar un mecanismo de protección para todos los defensores en riesgo. “A pesar de tantas promesas, aún no se ven los resultados” dijo Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. “El gobierno federal debe implementar un mecanismo de protección para defensores en riesgo y un protocolo de investigación para evitar que los ataques queden en la impunidad.”
El señor Herrera Aragón también recordó que el preso de conciencia y defensor de derechos humanos Raúl Hernández todavía sigue en prisión en el Estado de Guerrero por un delito fabricado. El juez de la causa resolverá su situación en los próximos días.
“Si las autoridades están comprometidas a acabar con la impunidad en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos, deben demostrarlo garantizándoles verdad, justicia y reparación a los familiares de Jyri Jaakkola y Bety Cariño”, dijo el señor Herrera Aragón.
Información de contexto
Hombres armados asesinaron a Jyri Antero Jaakkola y Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety, el 27 de abril de 2010 en el Estado de Oaxaca. Ambos formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos a la comunidad indígena de San Juan Copala y documentar la situación de derechos humanos. Otras personas sobrevivieron el ataque con graves heridas.
Grupos armados se han disputado el control político de San Juan Copala desde hace años. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, algunos de estos grupos tienen vínculos con autoridades estatales. La comunidad de San Juan Copala sigue sitiada por estos grupos sin que las autoridades garanticen sus derechos.
La investigación de los hechos ocurridos el 27 de abril está en manos de la Procuraduría General de la República. Hasta el momento nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por estos crímenes.
Jyri Jaakkola, de 33 años, vivía en Finlandia, de donde era también originario. Llegó a México a principios de 2010 y se trasladó a Oaxaca para conocer sobre los pueblos indígenas locales y enseñar sobre el uso responsable de los recursos naturales y el cambio climático.
Bety Cariño era la coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en Huajuapan de León, Oaxaca. Trabajaba en comunidades indígenas dando talleres sobre derechos de las mujeres y promoviendo la creación de radios comunitarias. Había denunciado el asesinato de las locutoras de origen Triqui Felícitas Martínez y Teresa Bautista ocurrido en San Juan Copala en 2008.
Materiales complementarios
Petitorio virtual de Amnistía Internacional sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México: http://alzatuvoz.org/defiendeles/
Fotos de Jyri Jaakkola: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/viewHome (números 109588, 109589, 109590, 109591)
Foto de Bety Cariño: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/viewHome (número 102755)
Documento de caso sobre la situación de la defensora Alba Cruz: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/052/2010/es
Documento de caso sobre la situación de la defensora Obtilia Eugenio Manuel: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/053/2010/es
Informe “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de derechos humanos en México”, 21 de enero de 2010: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/032/2009/es
Más información: Arturo Ávila, Encargado de prensa de Amnistía Internacional México. Móvil: 55 51 80 99 18, email: comunica@amnistia.org.mx
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